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NOTA INFORMATIVA
Fecha: 8 de agosto del 2003 Asunto: RECOMENDACIONES DEL CC-IME
I.77/POL/SRE(CJ), “OFRECER ASESORÍA LEGAL A LOS MEXICANOS ACUSADOS En referencia a la Recomendación del Consejo Consultivo, número I.77/POL/SRE(CJ), en la que se plantea “Ofrecer asesoría legal a los mexicanos acusados de delitos con sanciones que incluyan la pena capital y la cadena perpetua”, informo que dicha Recomendación fue enviada a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su evaluación, habiéndose recibido la siguiente respuesta mediante oficio N CJA-3119 de fecha de 18 de julio del año en curso del Consultor Jurídico Juan Manuel Gómez Robledo: “El artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría otorga a esta [Consultoría Jurídica] la facultad de brindar apoyo jurídico a la [Dirección General de Protección y Asuntos Consulares (DGPAC)] en la defensa de los mexicanos en el exterior. En tal virtud, ambas unidades coordinan el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital. La existencia del Programa responde a la necesidad de atender los casos de mayor vulnerabilidad. En ocasiones un caso que inicia con una solicitud de la Fiscalía de pena de muerte puede concluir con una sanción de cadena perpetua. Para casos distintos a los de la pena de muerte, la Consultoría Jurídica podría brindar la asesoría solicitada fuera del marco del Programa.” Cabe señalar que gracias a la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de sus consulados en Estados Unidos, 51 mexicanos han sido excluidos de recibir la pena de muerte durante la presente administración. No obstante, México es el país que tiene el más alto número de sentenciados a muerte en el vecino país. Actualmente, 54 connacionales están sujetos a la pena capital y 142 son procesados en casos que podrían derivar en esa sentencia. En algunos casos se ha logrado que la fiscalía deseche
buscar la pena de muerte; en otros, basados en las omisiones de las cortes
estadounidenses, se ha conseguido anular sentencias por existir violaciones graves a las
garantías constitucionales de los mexicanos, como son: no haberles asignado un
defensor y presionarlos para que se auto incriminen. Incluso ha habido la necesidad de que
se demande el respeto al derecho internacional. El trabajo conjunto de funcionarios
consulares y abogados Es importante destacar que en el 2000 se instituyó el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, cuyos resultados favorables a lo largo de su existencia han permitido también incluir casos de mexicanos en procesos penales que pudiesen derivar en dicha condena. Dado que los procedimientos penales de pena capital son técnicamente muy complejos y difíciles de generalizar, los abogados que integran el programa están calificados en esa materia, tanto en el ámbito del derecho internacional, como en derecho estadounidense. Muchas son las formas de intervención de nuestros consulados a favor de los mexicanos, sin embargo, destacan las siguientes acciones que realizan los departamentos de protección de nuestras oficinas consulares en Estados Unidos: 1. Visitas regulares a los centros de reclusión. 2. Comunicación permanente con abogados, fiscales y jueces. 3. Comunicación continúa con los familiares de los connacionales sentenciados o sujetos a proceso. 4. Apoyo en la obtención de evidencia mitigante, como: registros médicos, certificados de antecedentes penales, entre otros. Esa evidencia puede significar la diferencia entre una sentencia de pena de muerte y una de otra naturaleza. 5. Cuando la situación lo amerita, el consulado respectivo paga los gastos de traslado de testigos que radican fuera de Estados Unidos e incluso de expertos en psiquiatría y aspectos sociales. El Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos
Sentenciados a Pena de Muerte es el único programa de este tipo a nivel mundial, lo que
otorga a México una posición de vanguardia en esta materia.[1]
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