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NOTA INFORMATIVA Fecha: 3 de septiembre del 2003 Asunto: RECOMENDACIÓN DEL CC-IME I.79/FRO/SRE(DGPAC-IME), “DENUNCIAR EN EL PORTAL DEL IME A LOS CAZADORES DE INMIGRANTES”. En referencia a la Recomendación del Consejo Consultivo, número I.79/FRO/SRE (DGPAC-IME), en la que se plantea, “Denunciar en el portal del IME a los cazadores de inmigrantes”, informo que: Los grupos armados antiinmigrantes, conocidos como “vigilantes” o “rancheros”, en la frontera México-Estados Unidos representan una seria amenaza a la seguridad de los migrantes mexicanos y al desarrollo futuro de la relación bilateral. Estas organizaciones “caza-inmigrantes” dicen buscar controlar el flujo de migrantes indocumentados, responsabilidad que consideran que las autoridades federales estadounidenses no han asumido. Argumentan también tener derecho a proteger su propiedad privada y a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Los principales grupos que han sido identificados son Ranch Rescue, en Texas y Arizona, American Border Control, en el condado de Cochise en Arizona, y Civil Homeland Defense, en el Naco Arizona. Estos individuos violan sistemáticamente los derechos de los migrantes: los agreden, amenazan, asaltan e, inclusive, asesinan. Además, se atribuyen funciones exclusivas de las autoridades estadounidenses, por ejemplo al realizar cateos y detenciones. En el 2002, la red consular mexicana detectó 9 incidentes en los cuales 92 mexicanos fueron detenidos por particulares armados. En los primeros ocho meses del 2003 ha detectado otros 9 casos, en los que se han violado los derechos de 62 mexicanos. El gobierno de México ha insistido sobre la necesidad de que EU aplique sus leyes y castigue a los “rancheros”. El Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, Robert C. Bonner, ha calificado de “intolerable” la actuación de estos grupos, y ha confirmado la intención de EU de someterlos a juicio. Los consulados mexicanos denuncian ante las autoridades competentes todos los casos de “vigilantismo”, en el momento en el que conocen de ellos. Se ha puesto especial énfasis en atender la grave situación existente en el estado de Arizona, en el que se desarrollan las siguientes acciones: A) Actividades de la Red Consular Los consulados formulan denuncias sobre las detenciones ilegales ante la oficina del Sheriff del Condado y la Oficina del Fiscal del Distrito para iniciar las investigaciones y se formulen cargos en contra de los responsables. Proporciona información relevante que permita a las autoridades estadounidenses investigar y, en su caso, procesar judicialmente a aquellos individuos involucrados en violaciones a los derechos de los inmigrantes. B) Autoridades Estatales y Federales La Cancillería instruyó a los Consulados de México en Arizona, a entrevistarse con las autoridades locales y federales a fin de dar a conocer las circunstancias prevalecientes en el sur del Estado de Arizona, particularmente en el Condado de Cochise, en torno a las actividades de vigilantismo. C) Trabajo con Organizaciones No Gubernamentales Los Consulados de México mantienen relación con las ONG´s que están a favor de los derechos humanos de los migrantes, las que realizan informes sobre los grupos pro-vigilantismo. Los consulados recopilan información de diferentes instancias sobre los incidentes en los cuales particulares armados han detenido a indocumentados para determinar si existe colusión entre elementos de la Patrulla Fronteriza y ciudadanos estadounidenses. Existe intercambio de información entre Consulmex Douglas y la ACLU (Civil Border Action Network), organización que entregó al Procurador dos mil firmas recabadas entre residentes de Arizona, en las que se refleja el repudio a las milicias armadas y a grupos de vigilantes. Asimismo, se le entregó un texto con recomendaciones y propuestas. Por último, se debe señalar la importancia de la demanda civil interpuesta por cinco migrantes mexicanos y dos salvadoreños en contra del grupo Ranch Rescue y sus dirigentes, como consecuencia de los maltratos a los que fueron sometidos el 11 de marzo de 2003. Los demandantes cuentan con el apoyo del Mexican-American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y del Southern Poverty Law Center, organización que en 2001 llevó a la bancarrota al grupo racista Aryan Nation a través de un proceso legal similar. Se sugiere ver la recomendación I.19/FRO/SEGOB. Atentamente, Cándido Morales Rosas
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